Un tribunal de Ibiza protege al Guy Gerber
Una mujer es condenada por un tribunal de Ibiza por difamación tras una acusación falsa contra el DJ Guy Gerber

Un juzgado de Ibiza ha condenado a una mujer a 15 meses y un día de prisión por un delito de difamación con publicidad, tras determinar que la acusación pública de violación que realizó contra el DJ y productor Guy Gerber era falsa. La sentencia fue dictada por el Juzgado de lo Penal de Ibiza el pasado 23 de diciembre, poniendo fin a un proceso judicial que se inició tras la difusión masiva de la denuncia en redes sociales.
Según el fallo, la acusada Mavi De Mars atribuyó de forma consciente un delito de agresión sexual a Gerber, a sabiendas de que no era cierto. La acusación hacía referencia a un supuesto episodio ocurrido en Mykonos en 2013, donde la mujer afirmó que el artista israelí la había drogado y violado durante una fiesta privada. Estas afirmaciones fueron publicadas en Instagram en 2022 y alcanzaron una enorme difusión (compartida más de 900.000 veces), además de impulsar la campaña viral Our Time Is Now y llamamientos públicos a otras posibles víctimas.
El tribunal concluyó que no existían pruebas médicas, informes toxicológicos ni testimonios que respaldaran la versión de la denunciante. La jueza Clara Ramírez de Arellano señaló que la acusada “atribuyó deliberadamente un delito de violación con conocimiento de su falsedad”.
Guy Gerber, damnificado a nivel personal y profesional
La resolución judicial acepta la versión de Guy Gerber, quien sostuvo que el encuentro fue consensuado y tuvo lugar en el domicilio de un amigo común. El fallo también reconoce que el DJ sufrió graves consecuencias profesionales, incluyendo la cancelación de varias actuaciones y un daño significativo a su reputación.
Además de la pena de prisión, que no se ejecutará de forma inmediata al no contar la acusada con antecedentes, el tribunal ha ordenado la publicación íntegra de la sentencia en sus redes sociales durante seis meses, así como el pago de las costas judiciales. El caso ha reabierto el debate sobre las implicaciones legales de difundir acusaciones graves en redes sociales y el equilibrio entre la libertad de expresión, la protección de las víctimas y los derechos de las personas acusadas.




